“¿Qué mantiene al capitalismo funcionando?”: Michael A. Lebowitz

http://marxismocritico.com/2011/10/09/que-mantiene-al-capitalismo-funcionando/

“¿Qué mantiene al capitalismo funcionando?”: Michael A. Lebowitz

“Quiero plantear una cuestión muy simple: ¿Qué mantiene al capitalismo funcionando? o, en el lenguaje de alguna manera más técnico de los marxistas, ¿Cómo se reproduce el capitalismo en cuanto sistema? Por supuesto, el primer punto que necesitamos establecer es lo que entiendo por capitalismo. La gente se refiere a un montón de cosas diferentes cuando usan el término. Pueden tener en mente una economía de mercado, una economía con trabajadores asalariados, o quizás una economía en la que dominan las sociedades anónimas. Naturalmente, entonces, lo que quieran significar por anticapitalismo también diferirá, pueden querer decir contrarios al mercado, contrarios a la existencia de trabajadores asalariados o simplemente contrarios a las grandes corporaciones.”

Artículo Completo en PDF

Artículo traducido al español para la revista Laberinto por Francisco González Fajardo, miembro del consejo de redacción de la revista. Versión original “What Keeps Capitalism Going”, Monthly Review, june, 2004, vol. 56, nº2.

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¿Cuántos votos se necesitan para conseguir un escaño?

http://politica.elpais.com/politica/2015/12/21/actualidad/1450685203_335811.html?id_externo_rsoc=TW_CM

Izquierda Unida necesita 461.000 sufragios para obtener un diputado. El PNV es el partido que menos sufragios requiere para tener representación: 50.200 papeletas

El líder Unidad Popular-Izquierda Unida, Alberto Garzón

El líder Unidad Popular-Izquierda Unida, Alberto G

¿Cuántos votos se necesitan para conseguir un escaño? La ley electoral favorece la concentración de sufragios en una sola circunscripción. Así se explica que Izquierda Unida (IU) haya obtenido tan solo dos escaños pese a conseguir 923.105 votos mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha logrado seis diputados con un tercio de los votos (301.585).

La formación liderada por Alberto Garzón es a la que más esfuerzo le supone conseguir un escaño —cada diputado le cuesta 461.552 papeletas— mientras que el PNV es el partido que necesita menos votos para lograr representación parlamentaria, logra un diputado cada 50.264 papeletas. De hecho, si IU hubiera concurrido junto a Podemos y las mareas podría haber rentabilizado más sus 923.105 votos al haber conseguido entre 12 y 14 diputados mas. Lo que habría dejado a Podemos y sus mareas como segunda fuerza política.

La Ley electoral permite que los votos tengan diferente valor según donde esté la urna. Un voto en Soria no vale lo mismo que en Madrid, por ejemplo. Este valor depende fundamentalmente de la circunscripción: el tamaño, la población y el número de partidos que se presentan por ese territorio. Al contrario de lo que se cree, la clave que determina el valor de un voto no es la ley D’Hont, sino el tamaño de las provincias. Así, en las circunscripciones más pobladas cuesta más conseguir un diputado mientras que en las menos habitadas se puede conseguir un escaño con menos sufragios. Los partidos más pequeños de ámbito nacional tienen dificultades para conseguir más representación porque sus votantes están más dispersos. Si pudieran concentrar todos sus sufragios en pocas circunscripciones obtendrían más representación.
IU y Ciudadanos ganarían con circunscripción única

En un sistema con una circunscripción única, en la que cada voto tiene la misma importancia, el resultado de las elecciones hubiera sido muy distinto y los grandes partidos perderían fuerza. En un cálculo simple, si dividimos los votos emitidos por el número de escaños a repartir, resultaría que serían necesarios 70.196 votos por cada escaño. Los grandes ganadores de este sistema de circunscripción única serían IU, que lograría 11 diputados más, y Ciudadanos, con 10 escaños más. Dicho de otra forma, son los más perjudicados por el sistema vigente.

El parlamento con un sistema de circunscripción única, y manteniendo la Ley D´Hont, quedaría de la siguiente forma: El PP obtendría 103 diputados en lugar de los 123 actuales; el PSOE, 79 en vez de los 90 cosechados ayer; Podemos y sus mareas, 73, cuatro más. Ciudadanos lograría 50 representantes, 10 más que ahora. ERC perdería un parlamentario y el PNV tendría dos menos. El Partido Animalista entraría en el Congreso con tres representantes y UPyD conservaría dos diputados y mantendría su presencia en el arco parlamentario. También entrarían en el Congreso con un diputado Candidatura Galega (Nos), Unió (el partido de Durán y Lleida) y Vox.

Al PP le cuesta menos

La media entre los grandes partidos muestra que al PP es al que menos le cuesta obtener una representación parlamentaria: 58.662 papeletas, prácticamente igual que en los comicios de 2011. El PSOE, por su parte, necesita 61.452 votos para conseguir un diputado, unos 2.000 sufragios menos que hace cuatro años.

Respecto a los nuevos partidos, que han irrumpido con fuerza en el panorama político nacional, a Podemos y sus mareas que han reunido 5.189.333 votos y 69 escaños, cada representación parlamentaria le cuesta 75.207 papeletas. A Ciudadanos, con 3,5 millones de votos, cada uno de los 40 diputados que ha conseguido le ha costado 87.511 votos.

Una de las consecuencias de este fenómeno lo sufre el Partido Animalista (PACMA), que a pesar de lograr 219.181 votos, el doble que en 2011 y más que Coalición Canaria o EH Bildu con uno y dos diputados respectivamente, no ha conseguido representación parlamentaria, porque sus votos están más desperdigados entre las circunscripciones y no están concentrados en los territorios como los dos partidos citados anteriormente. Algo parecido le ocurre a Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido liderado por Andrés Herzog, que pese a obtener 153.498 votos no ha obtenido ningún escaño.

¿Qué pasa si no hay mayoría suficiente para formar gobierno?

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¿Qué pasa si no hay mayoría suficiente para formar gobierno?

Se convocan nuevas elecciones si no hay presidente dos meses después de la primera votación de investidura. La situación refuerza el papel del Rey

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Celebración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados

La enorme división del Congreso de los Diputados tras las elecciones del 20D va a complicar como nunca antes la tarea de formar Gobierno. Superada la euforia y la decepción, según los casos, de la jornada electoral, se abre, sin solución de continuidad, la búsqueda de pactos y alianzas para elegir un presidente del Gobierno.

El procedimiento para designar al presidente del Gobierno está regulado en el artículo 99 de la Constitución de 1978 y desarrollado muy someramente en el Reglamento del Congreso de los Diputados. La norma establece básicamente que el candidato propuesto por el Rey será investido presidente si obtiene la confianza de la mayoría absoluta de los diputados en primera votación o la mayoría simple –más votos a favor que en contra– en segunda convocatoria, 48 horas después. En caso de no lograr esa mayoría, el Rey podrá proponer a otros candidatos. Si pasados dos meses de la primera votación no se consiguiera la investidura, las Cortes quedarían disueltas y se convocarían nuevas elecciones generales.

El nombramiento del jefe del Ejecutivo, que una vez designado nombrará a sus ministros, es una tarea que reside esencialmente en la Cámara baja. Sin embargo, en este contexto de división política, la figura del Rey como mediador y favorecedor de la negociación entre los partidos tiene visos de acentuarse para que alguno de los principales candidatos obtenga la investidura.

El calendario señala al 13 de enero

Consulta todos los pactos posibles.

El trámite se iniciará el próximo 13 de enero, día en que el Congreso celebra su sesión constitutiva con la jura o promesa de los diputados, la formación de la Mesa y la elección del presidente de la Cámara baja. La Constitución establece que, una vez renovado el Congreso, el Rey “previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”.

Se abre así la primera fase, la llamada consulta regia. Este trámite, de obligado cumplimiento, tiene por objeto que el Monarca cuente con la mayor información posible para proponer un candidato con posibilidades claras de conseguir la confianza del Congreso de los Diputados. En estas audiencias especiales, los líderes de las formaciones políticas exponen al Rey su posición ante la coyuntura política, quién es su candidato idóneo y su disponibilidad para conformar coaliciones o apoyar a candidatos de otros partidos.

En los casos en que un partido obtiene mayoría absoluta, estas reuniones consultivas adquieren un carácter mecánico. “Las consultas son más importantes cuando los resultados electorales no son tan claros, el Rey tiene entonces un papel decisivo en la solución de la crisis gubernamental”, sostiene el catedrático de Derecho Constitucional Antonio Bar Cendón en su estudio Nombramiento del presidente del Gobierno : artículo 99º incluido en la obra colectivaComentarios a la Constitución Española (1996)

En este paso, el recién nombrado presidente del Congreso tiene un papel bastante activo. En el mismo acto en que comunica al Rey la constitución de la Cámara, el presidente del Parlamento le entrega al Monarca una lista, normalmente consensuada con los partidos, de los grupos con los que este debe consultar. Este trámite ha sido controvertido en algunas ocasiones.En 1986, el presidente del Congreso, Félix Pons, excluyó de las consultas a los diputados de Herri Batasuna y a los diputados del Partido Demócrata Popular, que habían concurrido a los comicios en coalición con Alianza Popular (AP) y que tras la derrota decidieron formar grupo parlamentario propio. En 1981, para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, tras la dimisión de Adolfo Suárez, el rey Juan Carlos no llamó ni a Juan María Bandrés de Euskadiko Ezkerra, ni a Blas Piñar, de Fuerza Nueva.

La consulta con los partidos y la propuesta del candidato es uno de los actos constitucionales en los que el Rey tiene mayor discrecionalidad, al menos desde el punto de vista jurídico. Si no hay mayoría absoluta, “la libertad de actuación del Rey es mayor, pero no en el sentido de proponer sin más a quien él desee sino en el de tomar un papel más activo como intermediario o negociador entre las diferentes fuerzas para realizar una propuesta que obtenga el respaldo más amplio posible”, afirma el profesor Bar Cendón en su estudio. En el peor de los casos, Felipe VI debería proponer al candidato que tuviera más posibilidades de alcanzar la mayoría simple. Las consultas reales siempre han sido con los partidos con representación en el Congreso, como exige la Constitución. Sin embargo, algunos autores defienden que el Monarca, si quisiera, podría dar audiencia también a otras personas, algo que no se ha hecho nunca.

Es el Monarca el que, sobre el papel, tiene la decisión de cuándo convocar las consultas previas –la Constitución y las leyes no prevén un plazo– y, formalmente, una vez rechazado un primer candidato, el Rey podría, si quisiera, alargar el trámite de consultas para forzar la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones.

Sin embargo, lo que jurídicamente es posible, políticamente es impensable, porque supondría un enfrentamiento de la Corona con la representación popular. En la historia democrática, la media de tiempo transcurrido entre que el presidente del Congreso comunica al Rey la constitución de la Cámara y le entrega la lista de consultas y la propuesta del candidato por parte del Monarca es de solo cinco días.

En caso de que tras las consultas no hubiera una mayoría mínima para poder nombrar a un nuevo presidente, algunos autores sostienen que el Rey podría designar un candidato para poner en marcha el procedimiento de nombramiento de presidente y evitar el bloqueo del sistema constitucional. Otros autores sostienen, en cambio, que esto no sería posible.

Una vez publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el Real Decreto con la propuesta del candidato, con el refrendo del presidente del Congreso, se convoca el debate de investidura. En él, el candidato a presidente debe presentar a la Cámara su programa político de Gobierno y solicitar formalmente su confianza.

La votación se hace pública por llamamiento, un mecanismo con el que es más fácil evitar que algún diputado se descuelgue de los acuerdos de los partidos. Si en la primera votación, el candidato logra la mayoría absoluta, es nombrado presidente. Si no alcanza la barrera de los 176 diputados, se celebra una nueva votación 48 horas después. En ella, basta con la mayoría simple para lograr la investidura.

Si se fracasara en la segunda votación, algo que hasta ahora no ha sucedido, el Rey volvería a abrir un nuevo periodo de consultas a los partidos para designar a otro candidato. Aquí los partidos ya lucharían contra el reloj: tras la primera votación empieza a correr el plazo de dos meses para lograr la investidura antes de que se disuelvan las Cortes y se convoquen nuevas elecciones generales.

La media de tiempo entre la propuesta regia y la investidura del presidente en las elecciones celebradas desde 1977 es de once días. Hasta ahora, el plazo más corto lo logró Adolfo Suárez en 1979, con tres días; y el más largo, José María Aznar, con 20 días en 1996, por la necesidad de buscar apoyos parlamentarios sólidos, en este caso con los nacionalistas catalanes y vascos.

La estabilidad del Gobierno, una vez lograda la investidura aunque sea por mayoría simple, es bastante amplia: la moción de censura requiere mayoría absoluta y la presentación de un candidato alternativo, lo que la hace difícil de prosperar en escenarios de división política. La cuestión de confianza –que presenta el propio Ejecutivo– requiere la mayoría simple.

 

Comicios españoles: ¿hacia una gran coalición?

Comicios españoles: ¿hacia una gran coalición?
Joan Martínez Alier
E

n escaños y más todavía en votos, ha ganado claramente la izquierda. Sus fuerzas son en teoría suficientes para formar gobierno. El Partido Popular (PP, derecha tradicional española) con sus 123 escaños más los 40 de Ciudadanos (centro derecha), suman solamente 163 escaños en el Parlamento, que tiene 350.

En cambio, los 90 escaños del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), los 69 de Podemos y sus aliados regionales, los nueve de Esquerra Republicana de Cataluña, los dos de Izquierda Unida (que malgastó muchos votos porque solamente entró en alianza con Podemos en Cataluña y Galicia), y los dos de Bildu, del País Vasco, suman 172. Los 15 que faltan hasta 350 son ocho diputados de la centro-derecha catalana, seis del PNV vasco y uno de Canarias.

La mayoría en el Parlamento son 176, o sea que un gobierno PSOE-Podemos con 172 votos dependería de la abstención de Ciudadanos o de varios de esos 15 diputados. Los ocho catalanes y los seis vascos seguramente se abstendrían en la investidura de presidente de gobierno, les sería difícil por el contrario apoyar un gobierno del PP con Ciudadanos.

Por tanto, si el PSOE no ensaya un gobierno con Podemos es porque no quiere. Seguramente la aritmética le permitiría incluso prescindir de los cuatro incómodos votos favorables de Bildu e IU. Pero sí que haría falta negociar la abstención de Ciudadanos o, más coherentemente, conseguir los nueve votos de Esquerra Republicana a cambio de una promesa de eventual referendo de independencia en Cataluña, algo que está en el programa de Podemos, pero difícil de digerir por el PSOE.

Podemos, en estas elecciones, ha tenido éxito particular en Cataluña, Valencia, Galicia y el País Vasco. Puede ser que la estructura interna de Podemos se encamine hacia una especie de confederación de izquierdas políticas más o menos autónomas, con grupos de este tenor también en Aragón y Castilla, y en Adalucía, donde el PSOE continúa triunfando por ahora.

Ha ganado la izquierda. La posibilidad aritmética de un gobierno de PSOE y Podemos realmente existe, y ese gobierno podría desarrollar en lo económico un programa un poco contrario a la austeridad de Merkel, podría aliarse al nuevo gobierno de izquierda de Portugal. Así el PSOE podría hacerse perdonar despacito su alianza con el PP para modificar el artículo 135 de la Constitución (al inicio de la crisis económica y por exigencia exterior) imponiendo como prioridad del presupuesto nacional el pago de la deuda. Sacar a Mariano Rajoy del poder podría también llevar a más rápido castigo de los casos de corrupción del PP y a que se olvidaran un tanto los del PSOE.

La prensa internacional conservadora más bien recomienda otra vía. Como el deseado gobierno PP más Ciudadanos no tiene escaños suficientes (suman solamente 163, les faltan 13) y como el PP y sobre todo Ciudadanos son anatema, por españolistas, para los partidos catalanes y vascos moderados, la alternativa conservadora es una gran coalición entre el PP y el PSOE, cambiando algunos de los líderes. No me gusta nada esta alternativa, pero me parece probable. Una gran coalición como en Alemania, elogiada por la Comisión Europea y que al tiempo intente poner coto a la rebelión catalana y relegue a Podemos a su papel de oposición juvenil y simpática.

El PP y el PSOE juntos tienen 213 escaños, tres quintas partes del parlamento; ambos son partidos monárquicos, hicieron juntos la transición de la cual los franquistas salieron tan bien librados. Ese eventual gobierno de coalición a los veteranos socialistas como Felipe González les parece muy bien, en comparación con una peligrosa aventura del PSOE con los muchachos de Podemos. Esa gran coalición apartaría el riesgo de que se ponga en duda las virtudes de la gloriosa transición del franquismo a la monarquía (que incluyó la autoamnistía que se concedieron los franquistas con la aquiescencia del partido socialista de Felipe González y del partido comunista de Santiago Carrillo). Esa gran coalición ampararía mutuamente el pasado y el presente de PSOE y PP ayudando a encubrir sus numerosos delitos. Con el tiempo, otros cuatro años, se iría tal vez olvidando el mal manejo de la economía por ambos partidos durante la burbuja inmobiliaria que duró ocho años y que explotó en 2008, y su cruel gestión de la austeridad posterior. Una Gran Coalición dejaría a los muchos emigrantes jóvenes varados allá donde estén y, como ha ocurrido en estas elecciones, con posibilidad escasa de votar.

Sería la continuación del bipartidismo más allá del bipartidismo; sería un bipartidismo monogubernamental durante cuatro años y después ya se vería.

Esta alternativa dejaría a Podemos aparcado en la oposición. Su prestigio y sus votos aumentarían con el tiempo. ¿Quién sabe? Son jóvenes profesionales, son profesores politólogos, pueden esperar cuatro, ocho años, preparándose para sus futuros años en el gobierno, madurándose y ­moderándose.