Movimiento Alianza PAÍS – Patria Altiva i Soberana (AP) Ecuador

La crisis del sistema de representación y el surgimiento del Movimiento PAÍS

Aunque el surgimiento de una fuerza política se condensa en un tiempo y espacio determinados, este constituye el resultado de un largo proceso social precedente. No se podría entender la emergencia del Movimiento Alianza país (Patria Altiva i Soberana) en febrero de 2006 sin contextualizarlo en la crisis política provocada por la implantación del neoliberalismo y el «discurso de la gobernabilidad» en las dos décadas precedentes, que hicieron estallar el Estado social de derecho y la estrategia cepalina diseñados en la Constitución del retorno democrático en 1978. De igual forma, solo sería posible entender el proceso y los contenidos de la Asamblea Constituyente y la Constitución de 1998 en el marco de la hegemonía del proyecto de neoliberalización de la economía y la sociedad, así como también de las múltiples resistencias que se construyeron en este periodo.

Por ello, los resultados de la Asamblea Constituyente se caracterizaron por un enfoque ambiguo y contradictorio: por una parte, la constitucionalización de la economía de mercado y la consolidación de un sistema hiperpresidencialista; y, por otra parte, la consagración de importantes derechos individuales y colectivos, paradójicamente cuando se modificaba la concepción del Estado y del rol que le correspondía asumir. En efecto, en la desesperación por superar con «ingeniería constitucional» el déficit democrático, la Constitución de 1998 modificó el sistema electoral, contribuyó a la desarticulación del sistema de partidos y otorgó al Poder Ejecutivo una serie de atribuciones formales que, sin embargo, le fueron poco útiles para resolver la conflictividad del sistema político. Si por ejemplo se analizan algunas variables relativas a las facultades del Poder Legislativo respecto de las atribuciones que poseían los presidentes latinoamericanos en ese periodo, podremos observar que el Ejecutivo ecuatoriano diseñado en 1998 era uno de los más fuertes de la región.

Estas reformas contribuyeron a minimizar los roles que las instancias de representación como el Parlamento cumplían en la democracia ecuatoriana. A pesar de ello y al mismo tiempo, el Congreso adquirió un rol preponderante en la elección de autoridades de control. Esto terminó favoreciendo la configuración de una lógica oligárquica del Legislativo frente a las tareas de gobierno, puesto que poseía una inmensa capacidad de chantaje, que sumada a la fragilidad institucional del sistema político, convirtió en botín los nombramientos de las autoridades de control e institucionalizó el «reparto» de la Corte Suprema de Justicia. No escaparon a esta lógica los «partidos institucionales», incluidas algunas fuerzas de izquierda.

El cuoteo y reparto de los diversos ámbitos de la gestión de gobierno demostraron también la irrelevancia del debate constitucional. Así, a finales de 2005 y en el marco de una crisis generalizada del país, cuando resultó evidente el fracaso del diseño constitucional de Sangolquí y ante el temor de un rebasamiento político de los sectores antineoliberales, la elite gobernante mantuvo bloqueada la posibilidad de una reforma política de fondo y prefirió refugiarse en cambios cosméticos para mantener reglas antidemocráticas en el reparto de la representación. Enredado en discursos grandilocuentes y «refundacionales», el presidente Alfredo Palacio –quien reemplazó a Lucio Gutiérrez después de la rebelión popular de abril de 2005– mantuvo a la vez una actitud subordinada a las fuerzas tradicionales y desvaneció así su único capital: la capacidad para responder a la expectativa ciudadana de cambios en el sistema político.

La inercia fue superada en las elecciones de 2006 con el triunfo de Rafael Correa, un joven economista guayaquileño que cobró notoriedad pública durante la «rebelión de los forajidos» y su breve paso por el Ministerio de Economía y Finanzas del presidente Palacio 

Esta inercia que bloqueaba la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema económico, social y político del país recién fue superada en las elecciones de 2006 con el triunfo de Rafael Correa, un joven economista guayaquileño que cobró notoriedad pública durante la «rebelión de los forajidos» contra Gutiérrez2 y su breve paso por el Ministerio de Economía y Finanzas del presidente Palacio. Desde allí impulsó una política soberana en el manejo de los recursos petroleros y en la negociación con los organismos multilaterales de crédito.

■ El proceso histórico de construcción de Alianza PAÍS

Para tener una comprensión más ajustada del proceso de construcción de Alianza país, es útil el esquema de Angelo Panebianco. En su estudio sobre los sistemas organizativos de los partidos, el politólogo italiano plantea el desarrollo de tres fases en su proceso de constitución. La primera etapa es de construcción de un sistema de solidaridad caracterizado por el afianzamiento ideológico y el predominio de los incentivos colectivos, cuyo objetivo es la afirmación y ampliación de la militancia. A este primer momento seguiría una fase de institucionalización, en la que se delinea la estructura organizativa y se establece un sistema de valores. La tercera es la llamada «sistema de intereses» y en ella primarían la supervivencia y la consolidación, la distribución de intereses colectivos y selectivos (materiales y simbólicos) y una menor libertad de maniobra para los líderes. Panebianco reconoce que estas fases no son consecutivas ni lineales, sino que se interrelacionan; no obstante, la ideología será un factor latente que servirá de base para procurar respuestas a las situaciones coyunturales. En la medida en que se institucionaliza, la organización política deberá combinar los elementos que permiten mantener la coherencia (base ideológica, programa, principios, símbolos, celebraciones, etc.) con los que garantizan la cohesión (estructura organizativa, roles, responsabilidades y liderazgos).

En el caso de Alianza país (AP) estas fases se entrecruzan por su situación particular de haber alcanzado el gobierno inmediatamente después de su creación (más precisamente, comenzó a existir efectivamente luego del triunfo electoral), lo cual ha sido determinante en su proceso histórico, notablemente desacompasado. Entre otros elementos, resalta la acelerada dinámica que imprimió a su desarrollo interno y al proceso de cambio social del país, cobijada bajo la consigna de una revolución ciudadana con cambios «radicales, rápidos y profundos»4 , para transformar el Estado.

Construcción como fuerza electoral. Luego de su salida del Ministerio de Economía, Rafael Correa lideró la constitución del Movimiento Alianza país para participar en las elecciones generales de 2006. Este se inicia con un reducido grupo de académicos e intelectuales que se plantearon la necesidad de construir un movimiento político con signo propio; al mismo tiempo se intensificaron los esfuerzos para comprometer una amplia alianza de izquierda que permitiera la unidad de la tendencia para enfrentar las candidaturas de derecha que en ese entonces aparecían con amplias opciones de triunfo electoral. En lo organizativo, se constituyó un núcleo básico nacional que desarrolló un «método de penetración territorial» y se conformaron las primeras directivas provinciales que incidieron en la elección de autoridades en los niveles cantonal y provincial.

Si bien los planteamientos programáticos insistían en el discurso de las «cinco revoluciones» (que abordamos más adelante) y adscribían a las tesis de un socialismo renovado, el elemento de mayor identidad fue la oposición a la «partidocracia», que había privatizado la política en beneficio de los grupos de poder oligárquico. A pesar de que existía formalmente una Dirección Nacional, la instancia que tomaba decisiones era el Buró Político, un espacio que, al mismo tiempo, enfrentaba las principales decisiones de la acción de gobierno y los avatares de un movimiento sin mayores canales para el flujo de la política entre la instancia nacional y los débiles círculos locales.

Finalmente, el candidato de AP se impuso en la segunda vuelta electoral, el 26 de noviembre de 2006, con 56,67% de los votos válidos, luego de haber sido derrotado en la primera ronda por el empresario bananero Álvaro Noboa. Al posesionarse ante el Congreso Nacional, el 15 de enero de 2007, Correa prometió convocar una Asamblea Constituyente, a pesar de que contaba con una función legislativa contraria y tenía solo el apoyo de las bancadas de Nuevo País y el Partido Socialista. De hecho, una muestra de la sensibilidad «antipartidocrática» de ap fue que no presentó candidatos al Parlamento como una forma de no convalidar el viejo sistema político. Y así, como ha señalado el sociólogo Franklin Ramírez, el movimiento liderado por Correa logró colocar «el antagonismo entre partidos y ciudadanos por delante de toda otra contradicción política»5 .

Como ha señalado Franklin Ramírez, el movimiento liderado por Correa logró colocar «el antagonismo entre partidos y ciudadanos por delante de toda otra contradicción política» 

En medio de un clima conflictivo con los parlamentarios, que incluyó el uso de la fuerza pública y la destitución de 57 congresistas acusados de obstruir ilegalmente la convocatoria a la consulta popular, la Asamblea Constituyente se abriría paso como opción política impulsada con 81,73% de los votos válidos el 15 de abril de 2007. Posteriormente, y a través de un acuerdo que aglutinó un conjunto de movimientos que apoyaron la convocatoria a la Constituyente, nació Acuerdo PAÍS con la participación de otras expresiones políticas como el Movimiento Nuevo País y Alternativa Democrática.

En las elecciones celebradas el 30 de septiembre de 2007, Acuerdo PAÍS logró una importante mayoría y captó 80 de las 130 curules para la Asamblea Constituyente. Era la cuarta victoria electoral en menos de 18 meses, en un país caracterizado por la permanente inestabilidad, la desconfianza política y la alta volatilidad de la representación. La campaña fue utilizada adicionalmente para iniciar un proceso de registro de simpatizantes y afiliación de militantes; además se levantaron datos de cientos de miles de personas que querían vincularse a las filas de la revolución ciudadana y participar activamente en el movimiento. Sin embargo, esa base de datos jamás logró estructurarse y menos aún servir para interactuar con los ciudadanos.

La Asamblea Constituyente culminó su labor en la fecha límite del plazo de 240 días que le otorgó la consulta popular, aunque 30 días antes de su finalización se produjo la renuncia a la presidencia de Alberto Acosta, uno de los principales ideólogos y fundadores de AP. Acosta estuvo en desacuerdo con la decisión del Buró Político de terminar el proceso constituyente en los tiempos previstos, en función de un cálculo político resultante del desgaste que, según las encuestas, comenzaba a sufrir la Asamblea, y proponía prolongar los debates. Más tarde se separaría del movimiento debido a diferencias ideológicas, vinculadas en gran medida a la defensa de una perspectiva ambientalista respecto al modelo de desarrollo y a la aplicación más decidida de la nueva Carta Magna, y conformó el Frente Montecristi Vive.

El 16 de octubre de 2008 se proclamaron los resultados definitivos del referéndum aprobatorio de la Nueva Constitución, en el que el Sí obtuvo 63,93% y ganó en 23 de las 24 provincias. El referéndum implicó un extenso debate en todo el país que abonó el crecimiento de la conciencia ciudadana sobre la economía, el modelo de desarrollo, la democracia, la plurinacionalidad, etc. Fue la primera vez, desde 1869, que una Constitución aprobada por una Asamblea Constituyente era discutida y votada por la población.

En las elecciones presidenciales convocadas para el 26 de abril de 2009 el Movimiento Alianza PAÍS (con el nombre partidario original) se impuso en la primera vuelta, y Rafael Correa resultó reelecto con 51,9% de los sufragios; además AP alcanzó 57 legisladores, que representan 47% del total de la Asamblea Legislativa, y consiguió 80 de los 221 alcaldes.

Finalmente, el referéndum y la consulta popular realizados en mayo de este año fueron concebidos como una respuesta frente a la arremetida de la derecha, que incluyó el frustrado golpe policial del 30 de septiembre de 20107 , y frente a la propaganda de los medios vinculados a los grupos de poder sobre el tema de la inseguridad. Entre las preguntas más controversiales se incluyó una reforma judicial que, en lo sustancial, cambió la modalidad de designación de las autoridades del Consejo de la Judicatura, lo cual provocó fuertes discusiones dentro de la tendencia y altercados con la oposición.

No obstante, pese al triunfo oficial en la consulta –aunque con menos votación de la esperada– quedaron en claro los síntomas de agotamiento del modelo de acción gubernamental y de construcción política de AP.

No obstante, pese al triunfo oficial en la consulta –aunque con menos votación de la esperada– quedaron en claro los síntomas de agotamiento del modelo de acción gubernamental y de construcción política de AP. Su puesta en marcha sometió a prueba los dé- biles mecanismos internos de deliberación política y provocó una disensión y distanciamiento respecto de movimientos y personajes que confluyeron en el origen de la alianza, entre ellos Ruptura 25, además de ampliar la brecha con quienes ya habían optado antes por separarse del gobierno.

En el centro de algunas disputas está la fuerte sensibilidad «anticorporativa» del gobierno ecuatoriano, que busca una proyección hacia los ciudadanos no organizados y desactivar privilegios sectoriales, pero que al mismo tiempo generó una serie de conflictos y tensiones posteriores con la «sociedad organizada», desde los indígenas hasta la Policía. En ese contexto, Ramírez observa, como resultado de estas visiones, el riesgo de caer en una «redistribución sin reconocimiento» que ha ido provocando desde 2009 protestas de varios sectores sociales que, en teoría, deberían ser parte de la base de la revolución ciudadana. Y tampoco la relación con el movimiento indígena está libre de sobresaltos y tensiones. Ello es así porque, aunque reconocen los avances posneoliberales, varios grupos «resienten, sin embargo, un enorme malestar por la falta de espacios de debate político con la fuerza gobernante», y por momentos parece verse con desconfianza a los actores organizados como «una constelación de demandas particularistas poco dispuesta a inmiscuirse en la construcción del bien común».

Así, una vez más, las estructuras de AP se movilizaron para obtener el octavo triunfo electoral. Si bien se mantuvo la votación obtenida en abril de 2009, se advierte una modificación de la geografía política post-referéndum: el triunfo nacional se consolida con la votación de la provincia del Guayas y sobre todo de Guayaquil, que se había caracterizado por ser la base de la oposición y el enfrentamiento político al régimen, pero que es, a la vez, la ciudad con mayores índices de inseguridad.

La construcción de AP como propuesta programática y gubernamental. Los ejes programáticos de la propuesta de ap que fueron divulgados durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2007 y que luego se convirtieron en la base del programa de gobierno de Rafael Correa fueron: a) la «revolución económica», que restablece el rol redistributivo del Estado; b) la «revolución social», que radica en la conquista de la igualdad y la equidad entre los diversos sectores sociales y las diversas entidades étnico-nacionales; c) la «revolución política», que propugna la transformación y recuperación de la privatizada estructura estatal y el fortalecimiento de la democracia participativa, junto con el mejoramiento del sistema de representación política; d) la «revolución de la integración latinoamericana», mediante la creación de nuevos organismos integracionistas que superen los enfoques mercantilistas; y e) la «revolución ética», que implica el combate a la corrupción mediante el control social, la radical transformación de la contratación pública y la renovación de las autoridades judiciales y de control. A estos ejes se incorporaron dos adicionales: las «revoluciones» ambiental y de la justicia.

La Constitución de Montecristi es sin duda la mayor expresión lograda en la historia nacional de una propuesta de pacto de convivencia social sustentado en el acuerdo unitario de las fuerzas sociales populares y de la izquierda ecuatoriana. Su importancia se relaciona no solo con su contenido, sino con el enorme nivel de participación de los actores sociales y territoriales que intervinieron activamente con sus propuestas y presencia en la redacción.

La corta temporalidad del proceso constituyente (ocho meses) impidió no obstante la maduración del debate político e ideológico y generó desacuerdos que afectaron la continuidad futura de la unidad alcanzada entre las tendencias plurales de la izquierda y los movimientos sociales que respaldaron el proceso constituyente. Pero pese a esta corta luna de miel de la unidad de la izquierda, la nueva Constitución es para AP el referente ideológico y programático fundamental del cual surgieron sus tesis orgánicas y doctrinarias de mediano alcance, aprobadas dos años más tarde en la primera Convención Nacional. Como señala Ramírez, «aunque la gran prensa ha insistido en que se ha redactado una Constitución a la medida de Correa, lo cierto es que en el megabloque [oficialista] las controversias y los agrios debates entre el presidente y algunos asambleístas no fueron pocos»12. Ejemplos de estas tensiones fueron la declaratoria de Ecuador como Estado plurinacional –demanda asumida por el movimiento indígena desde fines de los años 80– o cuestiones como las reivindicaciones corporativas de los empleados públicos. Al mismo tiempo, se observaron diferencias entre posiciones más centristas y más radicales dentro del propio bloque gobernante.

La Constitución de Montecristi, que tiene por finalidad el «buen vivir» o sumak kawsay, propone una utopía jurídica «poscapitalista» inspirada en la cosmovisión campesino-indígena.

La Constitución de Montecristi, que tiene por finalidad el «buen vivir» o sumak kawsay, propone una utopía jurídica «poscapitalista» inspirada en la cosmovisión campesinoindígena, que establece la primacía del enfoque de justicia y armonía en todos los aspectos de la convivencia humana, social y con la naturaleza. El buen vivir rompe radicalmente con el enfoque jurídico-institucional anterior y trastoca el denominado «pacto social constitucional» de 1998, que favoreció a los grupos económicamente más fuertes, facilitando su dominio de los mercados y la apropiación de los recursos naturales; y a las élites políticas oligárquicas, que impulsaron el modelo de desestatización, desregulación y privatización de las relaciones económicas y sociales.

Cabe resaltar que incluso dentro del movimiento de gobierno se ha instalado un debate respecto a la contradicción presente entre buen vivir y desarrollismo, pues la necesidad de crecimiento que tiene la economía ecuatoriana pone en cuestión un conjunto de decisiones que bordean límites respecto a la sostenibilidad ambiental y los derechos de la naturaleza; la democratización de los medios productivos como la tierra frente a la productividad agrícola; el modelo endógeno frente a la promoción de inversiones y exportaciones; un sistema económico solidario frente a los derechos de la empresa y la vigencia del mercado.

No obstante, el aterrizaje de las tesis programáticas y constitucionales en la gestión gubernamental, en un escenario nacional caracterizado por atrasos y desigualdades estructurales, torna compleja la aplicación inmediata del conjunto de propuestas. Con un sistema económico capitalista atrofiado, es decir, atrasado, débil y dependiente; con una estructura jurídico-política atrapada en manos de fuerzas de corte patrimonialista, patriarcal, cacical y clientelista; con una sociedad fuertemente atomizada en gremialismos, regionalismos y sectarismos; con un conjunto de capacidades sociales colectivas gravemente erosionadas y debilitadas por la pobreza, la desestructuración del tejido social, la emigración y el desempleo o subempleo; con una institucionalidad pública y privada deficiente y atrapada por la corrupción; en fin, con esta herencia del modelo de dominación neoliberal y oligárquico que ha experimentado el país a lo largo de los años, no se podrían resolver y conseguir en un corto plazo las condiciones que hagan vigente el buen vivir.

En correspondencia con estas deficitarias condiciones estructurales de partida, el único camino posible de tránsito de la revolución ciudadana desde el Estado oligárquico hacia el buen vivir es una aplicación continua y progresiva de las políticas transformadoras en función de la correlación política y de fuerzas. Dentro de este marco programático y estratégico, AP ha aplicado su ideario reflejado en la Constitución, en el marco de un cuerpo político y doctrinario acotado que pueda ser eficiente para responder a las demandas gubernamentales del presente momento de la transición. Estos planteamientos, con los que se ha orientado en una buena medida la gestión de gobierno, se discutieron y aprobaron formalmente durante la Primera Convención Nacional en noviembre de 2010.

El planteamiento de constituirse en partido político no logró el apoyo mayoritario; los principales argumentos en contra fueron la historia de desprestigio de los partidos en el ámbito nacional y la idea de que el Movimiento, sin dejar de tener principios y organización, se presentaba como más dinámico y flexible.

La Convención de AP aprobó además el régimen orgánico, que en consonancia con sus propuestas programáticas define a la organización como un «movimiento político» de izquierda que propugna el socialismo del buen vivir, asume las vertientes de pensamiento libertario, crítico y revolucionario, aplicándolas creativamente a la realidad nacional y reconoce la pluralidad dentro de la tendencia de izquierda –aunque en el proceso previo a la Convención se estableció que los diferentes movimientos que integraban AP debían disolverse para permitir la conformación de un sola estructura nacional–. El planteamiento de constituirse en partido político, presentado por la delegación de Pichincha en la Convención Nacional, no logró el apoyo mayoritario; los principales argumentos en contra fueron la historia de desprestigio de los partidos en el ámbito nacional y la idea de que el movimiento, sin dejar de tener principios y organización, se presentaba como más dinámico y flexible para responder a las complejas realidades nacionales.

Evaluación del terreno caminado y desafíos futuros

Los consecutivos procesos electorales a través de los cuales se ha encaminado el proceso de cambio que plantea AP impidieron que la organización política pudiera avanzar en su fase de institucionalización, por lo que se estancó y especializó como instrumento electoral. Esto, a su vez, ha entrañado un conjunto de problemas tales como la persistencia de diferentes comprensiones políticas e ideológicas dentro del proyecto (desde el centro hasta la izquierda radical), constantes y agudas disputas por el liderazgo en los niveles provinciales y cantonales, falta de funcionamiento de los mecanismos nacionales de dirección y, finalmente, ausencia de flujo de la política interna.

Para Ramírez, puede percibirse un exceso de mercadotecnia que tiende a debilitar la organización política y que plantea un debate sobre la relación gobierno-movimiento:

El implacable realismo de poder del gobierno se complementa así con un sutil realismo sociológico: no tiene sentido procurar la movilización de una sociedad harta y distante de la política. Se trata, más bien, de interpelarla como opinión pública y de hacerle ver –televisión mediante– los logros del gobierno. Nada más efectivo para llegar a una masa de ciudadanos aletargados y desorganizados que el despliegue mediático (…). La suplantación de la construcción organizativa y la deliberación democrática por el marketing y la procura de amplias audiencias no bastan, sin embargo, para generar vínculos políticos ni espacios reales de participación e interlocución con actores realmente existentes.

Luego de siete triunfos electorales, la dirección nacional considera que «Alianza PAÍS se trazó metas que se han ido cumpliendo, objetivos políticos para la transformación del Ecuador» pero reconoce «retrasos en lo orgánico y en el carácter de la organización» señalando que «esta consecutiva participación ha determinado el carácter y condición del Movimiento PAÍS como instrumento electoral (…). Ahora debemos asumir esa realidad y plantearnos también que en los siguientes años debemos consolidar Alianza PAÍS como la organización política garante de la transformación y los retos que tenemos en dicho proceso».

Sin embargo, y como beneficio de inventario, debe considerarse que en apenas cuatro años se ha fortalecido notablemente el andamiaje institucional democrático, empezando por la reinstauración del sistema nacional de planificación vinculante para todo el sector estatal e indicativo para la sociedad; la recuperación de los recursos patrimoniales nacionales –principalmente los petroleros–; el impulso a la redistribución social y económica mediante el fortalecimiento de los ingresos estatales, en especial tributarios; la multiplicación de la inversión y la infraestructura social, y el atenuamiento de la crisis de gobernabilidad que por más de una década afectó a Ecuador.

Huelga decir que los partidos se construyen para ganar las elecciones y gobernar; sin embargo, tener que gobernar, y hacerlo además en la ruptura, desplaza la preocupación por la institucionalización de la organización política y genera alteraciones en las fases propuestas por Panebianco. En este caso los incentivos colectivos que identifican a la organización se resuelven en el mismo movimiento y tiempo que la preocupación por ocupar los puestos públicos con personas competentes «de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes»18 que demanda la reorganización del Estado, generando una tensión entre las corrientes ideopolíticas que persisten en el interior. Igualmente, en el aspecto programático, tanto el programa de gobierno como los diagnósticos y demás trazados ideológicos se encuentran constantemente afectados por la urgencia de respuestas de política pública que atiendan las necesidades concretas y cotidianas que surgen como demandas e imperativos de la sociedad, provocando discordia en el movimiento respecto de la pertinencia de una u otra acción.

El proceso de construcción de AP está centrado en el fuerte liderazgo del presidente Correa, de tal forma que resulta indiferenciada la estructura de la organización política respecto a la estructura gubernamental.

El factor definitorio que interrelaciona y armoniza la eficacia política electoral de la gestión gubernamental con el proceso de construcción de AP está centrado en el fuerte liderazgo del presidente Correa, quien articula los elementos principales del proceso decisorio y político del proceso de la revolución ciudadana, de tal forma que resulta indiferenciada la estructura de la organización política respecto a la estructura gubernamental. Esto explica, entre otras razones, el motivo por el cual la primera convención de AP se realizó a finales del año 2010 –cuatro años después del primer triunfo electoral–, y establece la banda programática sobre la cual se mueve la agenda gubernamental, en la que la incidencia del presidente es determinante.

En lo interno, AP enfrenta desafíos profundos; el primero de ellos es consolidarse como una organización abierta, amplia y democrática, sustentada en una base partidaria coherente que interviene en el proceso político más allá de la eficacia demostrada en las elecciones. De la misma forma, tendría que recomponer su política de alianzas con los distintos sectores de la sociedad, en particular con los movimientos indígena, campesino, obrero y con grupos sociales que demandan reconocimiento, mayor participación e interacción, rompiendo la lógica de «aliado o adversario». Sobre todo, ap debe demostrarse a sí misma que tiene la capacidad de consolidarse como el movimiento político de la transformación, por ende con profundos asentamientos territoriales y mecanismos que permitan la organización y participación de los millones de ciudadanos que hasta ahora han votado por el oficialismo, sin desconocer además el reto de convocar a la juventud para garantizar la renovación permanente.

En la lucha contra los sectores tradicionales que se oponen al cambio y en la acción gubernamental por la profundización programática en el marco de la Constitución y el Plan de Desarrollo, se juegan la direccionalidad y la continuidad del proceso, que puede devenir en un tipo de reforma democrático burguesa posneoliberal y modernizadora del Estado, o bien puede llegar a convertirse en una vía alternativa para la construcción de un modelo societal más avanzado en la perspectiva del socialismo del buen vivir. Aún está pendiente profundizar en el debate respecto a la consigna de radicalizar la revolución ciudadana propuesta por el presidente de la República cuando asumió su segundo mandato, el primero de acuerdo con la nueva Carta Magna.

Documento completo: Ecuador: avances y desafíos de Alianza PAÍS

Documentos adicionales:

Creación y organización_Movimiento_ALIANZAPAIS

9-años-de-Revolución-Ciudadana-y-Legislativa

Página oficial: http://www.alianzapais.com.ec/

 

 

 

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